por Horacio Verbitsky. En Cohete a la Luna
(Nota de los editores) El “affaire D’Alessio” está teniendo crecientes repercusiones políticas en Argentina, donde está quedando a la vista de la opinión pública el nivel de intervencionismo de los Estados Unidos e Israel sobre el estado argentino durante la presidencia de Macri, y el tipo de actividades delictivas que caracterizan el accionar de los agentes y funcionarios de gobiernos lacayos como el argentino, y de las estructuras imperialistas en general. Lo que sigue es el último artículo escrito por el periodista que dio a conocer la información obtenida, mediante grabaciones, capturas de pantallas, chats de wahtsapp y vcideos, por uno de los denunciantes contra el agente de la DEA Marcelo D’Alessio, integrante de la banda de extorsionadores que incluye jueces, fiscales como Stornelli, y todo tipo de funcionarios de la mafia macrista.
Quien posa con gesto fiero en la portada de esta edición de El Cohete a la Luna, tocado con la gorra de la agencia de moda desde que Maurizio Macrì accedió a la presidencia, no es un hombre de acción estadounidense sino un funcionario del ministerio público fiscal argentino, el órgano encargado por la Constitución de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Se llama Juán Manuel Olima Espel y desde la renuncia forzada de Alejandra Gils Carbó, se desempeña como secretario de coordinación institucional de la Procuración General. El viernes 13 de julio de 2018, a cinco días del aniversario del atentado a la AMIA, el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal, puso a Olima Espel al frente de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT). Al fundamentar la creación de la unidad antiterrorista, Olima Espel afirmó la necesidad de “afrontar las nuevas amenazas y modalidades operativas por parte de individuos y grupos terroristas que se vienen observando a nivel mundial”. Señaló un espectro tan amplio que deja a todo el universo en zona de peligro.
La sigla al tope de la mirada penetrante de Olima Espel no quiere decir Democracia En Acción, sino Drug Enforcement Administration, que son casi antónimos. A su lado, con cara de selfie, se sienta Pablo Pinto, desde hace unos días subsecretario letrado de Olima Espel, quien pidió que se lo asignaran. Pinto provenía de la encuadernadora federal del doctor Glock y además de funcionario judicial es mago.
El resto de los comensales no viene al caso. Hasta ahora no se han publicado fotos de ninguno de ellos con Marcelo Sebastián D’Alessio, aunque es obvio que forman parte del mismo dispositivo, se conozcan o no. El lunes 10, el diputado kirchnerista Guillermo Carmona presentará un proyecto invitando por medio de la Cancillería al embajador estadounidense Edward Prado a explicar en el Congreso las relaciones de D’Alessio con la DEA u otras agencias de su gobierno.
Al remitir a Casal la documentación relacionada con Carlos Stornelli, el juez federal Alejo Ramos Padilla afirma que el fiscal conocía a D’Alessio como agente de la DEA, cosa que declaró el propio Stornelli, porque así se lo presentó Daniel Santoro (cosa que el operador del Grupo Clarín niega). Hasta ahora no se sabe de ninguna desmentida pública del gobierno de Estados Unidos al respecto, salvo por trascendidos del propio Santoro, que en este tema es la fuente menos confiable.
Uno de los cargos formulados contra D’Alessio pero que involucran al fiscal y a Santoro, es la extorsión al directivo de la petrolera estatal venezolana Gonzalo Brusa Dovat, forzado a declarar ante el operador judicial del Grupo Clarín y ante el fiscal Stornelli, en ambos casos ante D’Alessio, que no tenía ninguna designación legal que justificara su presencia.
D’Alessio no le oculta a Stornelli que su principal interés en el ejecutivo uruguayo es “el informe que tengo que armar para Maine y enviarlo por valija diplomática”. Pero además “está el factor argentino, que seguro le vas a sacar provecho”, dice. Maine es un estado estadounidense en la frontera con Canadá, donde no hay sedes relevantes ni de la DEA ni de la National Security Agency, para la que D’Alessio dijo haberse infiltrado en ENARSA, aunque sí existe una agencia estatal que se ocupa de las leyes de drogas, que tal vez encubre otra cosa.
Lo más curioso es que todo lo vinculado con drogas no corresponde al área de Olima Espel sino a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. Designado por Gils Carbó a pedido de Comodoro Py, Iglesias generó vínculos con la DEA que la ex Procuradora no alentó. Tal como es su tradición, la organización prefiere comunicarse con niveles medios y no con las cúpulas, para acercar recursos e información en forma inorgánica. Incluso le facilitaron un helicóptero para sobrevolar Salta.
Desde que llegó Casal, estos contactos fueron más visibles. Incluso, el año pasado Casal presidió unas jornadas sobre narcocriminalidad, cuya organización fue compartida por la PROCUNAR, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad de la Nación, y fue el cierre de una semana de actividades en las que participaron tres fiscales federales estadounidenses y representantes de la DEA. Olima Espel e Iglesias compartieron la cabecera con Casal.
Una agenda ajena
Con un lenguaje que abona la preocupación de quienes ya advirtieron que la SAIT podía convertirse en una herramienta de persecución a todo tipo de disidencia política y/o de espionaje económico, el texto de su creación señala que tendrá atributos para reunir a las agencias del Estado en una mesa, incluidas espías y fuerzas de seguridad, para “abordar de manera integral el extremismo violento, entendido como conducto hacia el terrorismo internacional”. Olima Espel es amigo del ex presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, caído en desgracia por tocarle una teta a la hija del chozno del general Bartolomé Mitre. En este video, Olima y Cohen Sabban participan en una actividad conjunta con Israel en defensa del bien y en contra del mal, según define un especialista israelí en cibercrimen. Olima ya había visitado la Corte Suprema de Justicia israelí.
Estos datos pueden dar cuenta de la preocupación por la agenda de seguridad y defensa de Israel y Estados Unidos. El lenguaje de la resolución que creó la SAIT es el mismo de los acuerdos firmados con los gobiernos de aquellos países durante las visitas de sus jefes de Estado a la Argentina. En el caso de Israel, tuvo un rol preponderante Mario Montoto. Cuando El Cohete a la Luna publicó la grabación en la que D’Alessio afirma que Montoto fue su introductor ante el ministerio de Seguridad, el traficante de parafernalia bélica, de seguridad e Inteligencia se presentó en un medio amigo para desmentirlo.
Pascualito y Cali
Cada día aparecen nuevas fotos o testimonios que confirman la relación con D’Alessio, que Patricia Bullrich minimizó alegando que sólo había visto una vez a ese hombre tan raro al que incluyó entre su lista de saludos por año nuevo. En cambio no negó que conoce a Montoto desde que respondían a los nombres de encubrimiento de Cali y Pascual, según cuenta Pablo Robledo en su reciente libro Montoneros y Palestina.
Cuando los grupos de militantes argentinos se entrenaban en bases palestinas en Siria para preparar la denominada Contraofensiva de 1979, recibieron la visita de inspección de “los miembros de la conducción Firmenich, Vaca Narvaja y Yager”, a quienes “acompañaba un reducido grupo, entre quienes se hallaba Pascual, el secretario-custodia de Firmenich” (p. 331). Del reclutamiento para ese intento se ocupaba en el continente latinoamericano “una mujer que estaba desarrollando la labor de coordinación de la JP Montonera desde México, aunque con frecuentes viajes a Europa: Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, Cali”(p. 290). Por insólito que hoy parezca, esa contraofensiva que culminó con el cruel exterminio de lo que quedaba de aquella otrora poderosa organización revolucionaria, se anunció en una reunión pública realizada en Madrid. “En la puerta de un local del Partido Comunista de la calle Escalona, Pascual, asistente de Firmenich y responsable de la seguridad de la conducción –con anteojos Ray-Ban y campera negra—, es uno de los encargados de la custodia y controla el ingreso de los asistentes” (p. 298). Dentro del local, Roberto Cirilo Perdía (sic) instaba a los asistentes a no perder el último lugar en el tren de la victoria.
Que se sepa, sólo Perdía ha hecho una reflexión crítica sobre aquellos episodios. Ello no ha sido óbice para que Cali y Pascualito se convirtieran en los mayores impulsores de los acuerdos de Seguridad, Inteligencia y Defensa con el Estado de Israel que, bajo la conducción de Benjamin Netanyahu, ha llevado las posiciones del gobierno sionista mucho más a la derecha de las que sostenía su predecesora Golda Meir cuando los montoneros argentinos compartían pan, pólvora y fatigas en Damasco y Beirut con sus contrapartes de Al Fatah y de la Organización para la Liberación de Palestina. En aquel entonces, los palestinos daban entrenamiento a los guerrilleros argentinos, que a cambio les suministraban la fórmula para producir en Líbano el poderoso explosivo plástico Exógeno/ C-2 (p. 209).
Quienes participamos en la vida de esa organización, no podemos leer sin cierto rubor esas páginas que muestran tanto la incapacidad para evaluar la situación política (con gravísimas consecuencias para la vida de muchos compañeros) cuanto una gran ingenuidad. Ingenuos y equivocados, pero no canallescos, como el pasaje con bandera y banda a las filas del enemigo de entonces, no bajo la presión de la tortura sin límite que practicó la dictadura, sino décadas después de su conclusión, desde el poder y por conveniencias políticas o/y económicas.
Hay un hilo subterráneo que une esta historia antigua con la causa de las encuadernaciones. En agosto de 2003, Claudio Bonadío ordenó la detención de Perdía y de Fernando Vaca Narvaja y pidió la extradición de Firmenich, bajo la extravagante acusación de dolo eventual en la desaparición, tortura y muerte de quienes participaron en aquella contraofensiva. El portal Infobae acusó al nuevo gobierno de impulsar esas detenciones a través del diputado kirchnerista Miguel Bonasso, para recrear la doctrina de los dos demonios. Firmó esa nota servicial el actual encargado de la distribución de la publicidad oficial del Presidente Macrì, Jorge Grecco. Pero en octubre de 2003, la sala II de la Cámara Federal (Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi) anuló esas decisiones, dejó en libertad a Perdía y Vaca y pidió al Consejo de la Magistratura la destitución del doctor Glock, acusado por privación ilegal de la libertad.
El mismo juez que persiguió por esa razón absurda a Firmenich, nunca rozó a su ex asistente, Pascualito, con quien mantiene una estrecha relación de amistad, lo mismo que el fiscal Carlos Stornelli. Montoto es intermediario de relaciones políticas que el doctor Glock no puede sostener en público, y su protegido D’Alessio, colaborador clandestino de Stornelli en la encuadernadora. Montoto ha admitido que con Stornelli son como hermanos. Grandes palabras.
Lo único seguro son los negocios
En 2007 un cable de Wikileaks consignó que Montoto organizó una comida en su casa para presentar al embajador estadounidense Earl Anthony Wayne y al vicepresidente Daniel Scioli. Con pocas precisas palabras, la embajada informó a su gobierno que “Montoto está involucrado en las industrias de defensa y seguridad. Publica una revista mensual sobre defensa y relaciones internacionales llamada DEF y es un ex asesor del jefe de la guerrilla Montoneros. Ahora es muy pro estadounidense y hace negocios con Israel”. Esa militancia se le perdona a cualquiera que abjure de ella.
DEF fue el medio que dio a conocer urbi et orbi al Super Agente D’Alessio, en una nota que luego reprodujo Infobae, el portal de Daniel Hadad que, según el mismo D’Alessio, pertenece en un 50% a Montoto.
Durante la visita oficial a la Argentina de Benjamin Netanyahu en 2017, se firmaron cuatro acuerdos. El primero se refiere a colaboración policial y militar y transferencia de información estratégica y operativa. Comprende intercambio de datos sobre circulación financiera, flujos de cuentas bancarias, actualización de investigaciones judiciales, tránsito de importaciones provenientes de países relacionados con el terrorismo, migraciones, metadatos de redes sociales, seguimientos de escuchas habilitadas por orden judicial, monitoreo satelital de aparatología militar y cargamentos sospechosos, ciberseguridad y ciberdefensa. Esto implica una penetración profunda en dominios del Estado y de la sociedad civil argentinos en función de objetivos políticos ajenos.
El segundo acuerdo, sobre seguridad social, y el tercero, sobre aduanas, brindan un acceso único a información estratégica a Israel, que es una forma de decir a Gran Bretaña y Estados Unidos. Ambas potencias e Israel votan en las Naciones Unidas en contra de los reclamos argentinos por la ocupación de las Malvinas. Eso no inquieta a Macrì, cuyo pensamiento sincero es que esas islas son un engorro, lo cual se ratifica con los convenios de cooperación con Gran Bretaña que ni siquiera pasan por el Congreso.
El cuarto, sobre documentos argentinos relativos al Holocausto, inaugura un canal de comunicación electrónica por el que podrán circular también otras informaciones más actuales.
Macrì encomió el “aporte de la comunidad judía al desarrollo de la Argentina”, como si se tratara de una colectividad extranjera, y dijo que Israel es “una gran referencia para nosotros”. Una delegación empresarial vino para “evaluar posibles acciones de cooperación conjunta en sectores considerados estratégicos” (ciberseguridad, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, agroindustria, recursos hídricos y desarrollo local). En las reuniones participó Montoto, que por vía de esos negocios llegó a ser nada menos que Presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí.
De la Triple Frontera a México
El premier israelí también se reunió en Buenos Aires con el presidente de Paraguay Horacio Cartes, a quien ayudaba en acciones contra Hezbollah en la triple frontera, según reconoció. De aquí, Netanyahu marchó a Colombia, a cuyo gobierno y sus Fuerzas Armadas asistió durante años en los enfrentamientos con guerrillas y carteles, y luego a México, donde en 2017 se produjo un enorme escándalo con una de las empresas israelíes de seguridad que acompañaron a Netanyahu en su gira, NSO Group. Su software Pegasus, instalado mediante un link que el usuario activa en forma inadvertida, convierte los teléfonos inteligentes en ojos y oídos de quien quiere espiar a sus propietarios. Así es posible rastrear sus conversaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas, calendario, las teclas que pulsa, los detalles bancarios que revisa y dónde se encuentra. Que la justicia haya desprocesado a Macrì en cuanto asumió la presidencia por su rol en las escuchas ilegales, no borra que según sus propias afirmaciones, el organizador de esa red y primer jefe de la policía porteña, el comisario Fino Palacios, le fue recomendado por las embajadas de Estados Unidos e Israel.
La extracción de personas
En la foja 210 del decreto de procesamiento de Marcelo Sebastián D’Alessio, el juez Ramos Padilla se refiere a las conversaciones del aventurero con Andrés Goldenberg, que ponen de manifiesto “el poder de actuación que tenía el señor D’Alessio en materia de operaciones poco claras, que podrían involucrar hasta la extracción de personas”. El 4 de febrero a las 22 horas, D’Alessio le envía un mensaje de voz a Goldenberg:
—A tu disposición si hay que extraer a alguien, nosotros vamos a tener una extracción seguramente el jueves o viernes de esta semana. Si tu necesitas sacar, extraer a alguien, tal vez tengo lugar en un dieciséis plazas. Y es a cambio de nada. Que esta es nuestra única condición, siempre. Nada.
La extracción de personas es un eufemismo similar al de las entregas extraordinarias, que la inteligencia estadounidense implementó luego de los ataques terroristas en Washington y Nueva York de 2001, para librarse de los controles legales en el interrogatorio de detenidos. El programa, diseñado por la CIA, consistió en la transferencia, sin intervención de la Justicia, de un detenido de un país a otro con fines de interrogación mediante torturas. Un informe de la comisión de inteligencia del Senado estadounidense estableció que por lo menos 136 personas fueron sometidas a ese tratamiento, con la participación de 54 países.
¿Por qué Andrés Goldenberg necesitaría extraer personas del país en forma clandestina? Tal vez la respuesta resida en la biografía del representante en la Argentina de la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana. Nacido en Caracas, pero de padres argentinos, con DNI argentino 93.663.343, Andrés Germán Goldenberg Pines es uno de los dirigentes de la oposición venezolana que, en julio de 2017, pidieron a la cancillería argentina que Macrì trabajara junto a los organismos multilaterales para “asfixiar política y económicamente al régimen venezolano de Nicolás Maduro”, según informó el propio Goldenberg. Su plegaria fue atendida.
Como D’Alessio, Goldenberg es también un hombre de negocios, con empresas en la Argentina y en los Estados Unidos. En la Argentina forma parte de ocho firmas, de consultoría, gastronómicas, financieras y petroleras. En tres de ellas es socio de otro venezolano residente en la Argentina, Alejandro Eskenazi Izcovich. Eskenazi es un apellido muy común, por lo que no es conveniente sacar conclusiones apresuradas. Fuentes de la comunidad venezolana en la Argentina sostienen que Goldenberg y Eskenazi son amigos desde el colegio primario.
Las compañías que comparten en la Argentina son la financiera Inversiones Inteligentes SA, de Luis María Campos 559, y las gastronómicas Gastrobeer SA y Artresto, en distintos locales de la galería La Plaza, de la Avenida Corrientes 1660. Pero Goldenberg también es socio de dos compañías petroleras: Servicios Integrales del Cono Sur, con sede en Marcelo T. de Alvear 768, Piso 5°A, CABA, e International Petroleum SA, creada en 1999.
Mucho más significativas son las empresas donde ambos son socios en Estados Unidos. Por ejemplo, la desarrolladora inmobiliaria Spider Investments, que gestiona inversiones argentinas en Miami y Detroit, y declara sedes en ambos países, en Venezuela, México, Colombia y Brasil.
Aquí se los ve en plena euforia emprendedora.
Los negocios inmobiliarios llevaron a los socios a participar en exposiciones en distintos países de la región, como las denominadas Expo Real Estate realizadas en 2018 en Perú, Chile y la Argentina. En Buenos Aires, las propuestas de negocios de Goldenberg, que ofrece a los inversores una rentabilidad del 8% anual, fueron amplificadas por Infobae.
Toda la información sobre la empresa, aquí.
La extorsión de D’Alessio a Brusa Dovat coincidió con la ofensiva de Trump para desapoderar a Venezuela de los activos de PDVSA en Estados Unidos. La pregunta queda por ahora abierta: ¿a quien suponía D’Alessio que un empresario y líder de la oposición venezolana en el exterior querría extraer de la Argentina en un avión de 16 plazas?
¿Sabrá algo de eso Gustavo Cinosi?
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