El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, sostuvo una reunión el viernes con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el consejero Nacional de Seguridad, general H.R. Mc Master, donde planteó la situación que se vive en Venezuela por la presunta ruptura del hilo constitucional y la pretendida violación a los derechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales.
Borges fue recibido por el vicepresidente Pence y el general McMaster en la Casa Blanca. Allí planteó que Venezuela se ha convertido en un problema para toda la región y solicitó que toda América Latina ayude a tener soluciones democráticas en el caso venezolano, quien además destacó el éxito de esa reunión.
Tanto Borges como Mc Master coincidieron en que la actual crisis política -exacerbada realmente por una guerra económica encabezada por los propios Estados Unidos contra la nación socialista- debe ser llevada a una conclusión rápida y pacífica.
Según un comunicado del secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, el presidente de la Asamblea Nacional y el asesor de la Casa Blanca hablaron sobre la necesidad de que el gobierno bolivariano se adhiera a la Constitución venezolana, libere a los presos políticos y realice elecciones democráticas.
La reunión se produjo en medio de la oposición de la derecha venezolana al anuncio realizado esta semana por el presidente Nicolás Maduro, quien pidió una asamblea constituyente nacional con el objetivo de aliviar las tensiones políticas en curso y apoyar el diálogo con los sectores de la oposición.
Esta semana Washington también aprobó la Ley bipartidista de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática de Venezuela, la cual proveerá 10 millones de dólares a Venezuela como parte de un paquete de presunta ayuda humanitaria, que también dispondrá de varios millones para la supuesta promoción de la democracia.
Según el informe, el paquete incluye “500 mil dólares para realizar las actividades con la Organización de Estados Americanos (OEA) para asegurar una observación internacional creíble que contribuya a procesos electorales democráticos libres, justos y transparentes en Venezuela”.
También dispone de 9 millones 500 mil dólares para llevar a cabo actividades, mediante Ongs “para defender los derechos humanos reconocidos internacionalmente, apoyar los esfuerzos de los medios de comunicación independientes, facilitar el acceso abierto y sin censura a Internet y combatir la corrupción”.
A pesar de los reiterados llamamientos del gobierno para el diálogo pacífico y las negociaciones con la oposición, grandes protestas continúan afectando a la sociedad venezolana, protagonizadas por elementos radicales que emplean la violencia para forzar la expulsión del partido gobernante socialista.
FUENTE: TELESUR
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