por Redacción Misión Verdad, en Misión Verdad
Este miércoles 24 de mayo la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dio declaraciones a la prensa sobre los últimos hechos de violencia registrados en el país. Se refirió con especial énfasis al proceder de los cuerpos de seguridad del Estado, evitando nombrar importantes hechos de violencia registrados en los últimos días relacionados a la actuación de la oposición venezolana.
Por ende es necesario señalar la evidente omisión que hace la Fiscal General sobre la violencia registrada tras 50 días de protestas antichavistas. En un total de 1 mil 600 manifestaciones promovidas por la oposición venezolana, 600 derivaron en comprobados y evidentes hechos de violencia con saldos lamentables en pérdidas de vidas humanas y destrozos a infraestructuras públicas y privadas.
Asesinato con armas de fuego y artesanales dentro y fuera de marchas
Uno de los más estruendosos silencios de la Fiscal se relaciona con las pérdidas de vidas humanas por uso de armas de fuego y artesanales, mayoritarias si se observa con detenimiento el balance general de víctimas fatales. Entre estas se destaca que sólo siete estuvieran directamente relacionadas con la participación en marchas y más de 20 sucedieran fuera del contexto de las movilizaciones. Ingresaron en el primer conteo los tres asesinados por armas artesanales y los cuatro miembros de la fuerza de seguridad caídos por disparos francos con armas de fuego. Estos detalles, repetimos, fueron deliberadamente omitidos por la Fiscal.
Uso de francotiradores y sicariatos
Tampoco Luisa Ortega Díaz se refirió a los fallecidos por francotiradores en los estados Mérida y Miranda, entre los que se encuentran los tres trabajadores de la gobernación ultimados en la ciudad de Mérida y el oficial de la GNB Niumar Sanclemente, caído en San Antonio de los Altos del estado Miranda. De igual forma hizo caso omiso de los efectivos policiales heridos por armas de fuego de gatilleros y francotiradores en los estados Carabobo, Táchira y Mérida, silenciando además los evidentes casos de sicariatos ocurridos contra dos estudiantes chavistas en Anzoátegui y contra el militante político chileno José Jesús Alconada.
Acción de bandas armadas
Durante estos días de protestas ha sido evidente el uso de bandas armadas para realizar hechos de violencia. Llegando a casos graves como los saqueos de comercios en Carabobo, Mérida, Barinas y Táchira, en los que los propios delincuentes mostraron lo robado como trofeos. Dos de esos casos ocurridos en El Valle y San Martín han sido descritos por Misión Verdad como parte de un mismo dispositivo opositor para generar caos en lugares específicos de Caracas. Una norma que se repite en el pago a personas para generar hechos de violencia y la persistencia de focos dispuestos a generar destrozos a la infraestructura pública y privada. En este sentido, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, ha identificado a 45 bandas armadas implicadas en todos estos episodios.
Tenemos 45 bandas criminales identificadas, hemos solicitado a cuerpos policiales ordenes de aprehensión e ir buscar a estos delincuentes. pic.twitter.com/R6cXc481gw
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) May 5, 2017
Hechos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad
Como es público y notorio, en Venezuela han habido destrozos de edificios gubernamentales, depósitos de alimentos de la red Mercal, sedes de empresas del Estado e incendios de escuelas y centros médicos, entre muchos otros episodios. Estos sin lugar a dudas han estado dirigidos como una “forma violenta de lucha política para generar un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o la población en general”, tal como se tipifica al terrorismo. Luis Ortega Díaz no sólo evitó referirse a estos eventos, sino que, además, silenció los recientes asedios a los hospitales maternos de El Valle (Caracas) y Carrizal (Miranda) y el incendio del CDI de Baruta, en el mismo estado gobernado por Henrique Capriles. Todos eventos que representan crímenes de lesa de humanidad por ir dirigidos a la infraestructura sanitaria de acuerdo al Estatuto de Roma, suscrito por Venezuela.
Uso de niños para hechos de violencia
Teniendo un amplio rechazo por la mayoría de la población, el uso de niños para hechos de violencia han sido tan evidentes que hasta el portal opositor El Estímulo reseñó (con tono legitimatorio) algunos casos. Lo mismo ha sucedido con las denuncias realizadas por padres acerca del secuestro de sus hijos en establecimientos públicos para que participaran en hechos de violencia. Siendo quizás el caso más dantesco el de un menor del barrio de Petare obligado a armar bombas molotov en una concentración opositora para la fotografía de ocasión en contra del Gobierno. De acuerdo a su madre, esta conducta fue impuesta al niño por una supuesta periodista aún no detenida. Nada de esto mereció ningún comentario en la conferencia de prensa de Luisa Ortega Díaz.
Crímenes de odio e incitación a la violencia
Durante los últimos días han sido asesinados con especial saña un número importante de ciudadanos identificados (o confundidos) con el chavismo. Algunos de estos lamentables sucesos son el asesinato de Brayan Principal en una urbanización de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Barquisimeto (Lara), la aparición sin vida (y con signos de tortura) del militante del PSUV Pedro Josué Carrillo en la misma ciudad, los tres trabajadores de la gobernación de Mérida ultimados por francotiradores, y Almelina Castillo, asesinada por el impacto de una botella de agua congelada arrojada contra manifestantes chavistas en Caracas. Sobre este último caso cabe destacar que el Ministerio Público no ha citado a declarar al sociólogo Tulio Hernández, miembro de la directiva editorial de El Nacional, quien un día antes hizo apología vía Twitter de “lanzar materos” para neutralizar a chavistas.
Violencia promovida por dirigentes políticos y ataques a instituciones militares
La focalización de los hechos violentos en alcaldías y estados de oposición es notoria. Sin embargo, sobresale de esta etapa insurreccional que ninguno de los factores antichavistas siquiera ocultan su funcionalidad a esta agenda. Tanto es así que hasta Freddy Guevara y Henrique Capriles no evitan retratarse con la vanguardia violenta que día tras día se enfrenta a piedrazos, molotov y balazos contra las fuerzas de seguridad (la misma vanguardia, por cierto, que este sábado incendió a un joven en Altamira por parecer un chavista “infiltrado”). Luisa Ortega Díaz evitó, por supuesto, referirse a estos hechos, como también a la detención de parte de esta célula implicada en un plan para atacar la base militar de La Carlota en Caracas. Un delito que es considerado militar y viene repitiéndose en otras partes del país con destrozos en comandancias y destacamentos de la FANB y distintas policías regionales.
Algunas conclusiones al cierre
Las declaraciones de la fiscal fueron rápidamente reinvidicadas por el antichavismo como una forma de granjearse un aval institucional para sus argumentos. Intención que habla por sí misma si se tiene en cuenta el contexto actual de pugna política en la que la oposición apunta a fortalecer su narrativa de insurrección contra el Estado.
Lo digo con toda claridad: histórica posición asumida hoy por la Fiscalía General. Vamos avanzando venezuela! Que siga la resistencia!
— Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) May 24, 2017
Por supuesto que tampoco esta es la primera vez que en 50 días Luisa Ortega Díaz realiza declaraciones reinvindicadas por la oposición. El 31 de marzo del año en curso denunció la “ruptura del hilo constitucional” después de un fallo del TSJ relacionado con el desacato de la Asamblea Nacional.
Esto sumado a la declaración que diera al medio financiero estadounidense The Wall Street Journal sobre la imposibilidad de poder exigirle “un comportamiento pacífico y legal a los ciudadanos, si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”. En clara referencia a las protestas violentas registradas días después del fallo, como si las estuviera justificando y defendiendo.
En esa dirección es que las declaraciones de Luisa Ortega Díaz caen en el ojo de la tormenta por terminar inclinando la balanza hacia un sector político que se encuentra en franco desconocimiento del orden constitucional, amparándose -manipuladamente- en los artículos 333 y 350 de la Constitución. Todo lo contrario a buscar la mayor veracidad y objetividad posibles a las investigaciones sobre los delitos ocurridos en los últimos días para evitar que la impunidad alimente el actual ciclo de violencia, promovido por los mismos actores políticos que utilizan sus declaraciones y las celebran como un triunfo.
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