Por Rolando Garrido Romo
“Por ningún motivo permitiremos que se metan en los cuarteles”, sostuvo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, luego de la firma de un convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las secretarías de Marina y Defensa, con la presencia de los titulares de ambas dependencias.
Acerca de la demanda de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, de acceder a cuarteles militares en busca de sus hijos, el dirigente empresarial señaló: “Tengo mucha pena por lo que les pasó, pero no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más íntima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el Ejército”.
“Es muy difícil, cuando se está librando una verdadera guerra con personas que tienen lanzagranadas, metralletas y todas las armas del mundo, pues esperar un comportamiento de dama. Es un tema muy complicado, por eso insisto en que hay que revisar el marco jurídico para dar la cobertura a las fuerzas armadas para que se puedan mover y defender, no dejarlas indefensas”, opinó.
Al encuentro privado, celebrado en el Club de Industriales, en Polanco, asistieron los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (quienes salieron por una puerta lateral y no emitieron declaraciones a la prensa), y empresarios afiliados al organismo, como Claudio X. González.
Gutiérrez Candiani, presidente del CCE…dijo que “los derechos humanos son fundamentales, pero lo que sí es muy importante es que no nada más se tiene que defender el de los delincuentes; muchas veces pareciera que se está defendiendo no a la gente que trabaja día a día. A veces tenemos muy pocos mensajes en favor de las víctimas y sí en favor de los victimarios”. (tomado de la nota de Miranda, Juan Carlos; La Jornada: Sábado 14 de febrero de 2015: p.7).
Qué perlas estas declaraciones de los líderes formales del empresariado mexicano. A volar con los derechos humanos, a volar con las demandas de justicia de los padres, hijos, hermanos, de los desaparecidos, no sólo los de Ayotzinapa, sino de los más de 22 mil (reconocidos oficialmente), que no han recibido respuesta de un estado mexicano indiferente, omiso, arrogante y cada vez más endurecido, ante los reclamos de la mayoría del pueblo mexicano y hasta de instancias internacionales, como lo demuestran las declaraciones desafiantes del secretario de Gobernación ante las muy puntuales recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
Cuando un régimen, no sólo un gobierno, se encuentra en vías aceleradas de pérdida de legitimidad (muy menguada desde las cuestionadas elecciones de 2006 y 2012); en medio de un largo estancamiento económico y carcomido por la corrupción, los vínculos con el crimen organizado, el cinismo y una alejamiento enorme entre subclase política-oligarquía con el pueblo, cualquier legítimo reclamo social, cualquier crítica, cualquier propuesta alternativa a los dictados oficiales, es vista como un “intento de desestabilización”, como un “ataque a las instituciones”, como una “rebelión” o peor aún como el “inicio” de una “revolución”.
Qué inseguros se sienten estos señores empresarios (y la subclase política de este país), y no por el aumento de la violencia, la impunidad o la corrupción, sino por la evidencia de que su modelo económico sólo ha servido para enriquecerlos obscenamente a ellos y a la cleptocracia que mal gobierna al país, dejando en la miseria y en el olvido a la gran mayoría del pueblo de México, y por lo tanto ya no toda la población se cree sus mentiras (“ahora sí con las reformas estructurales, el país va a prosperar”), y está harta de tanto abuso, tanto saqueo, tanta demagogia, tanta burla.
Por eso van corriendo a esconderse bajo los faldones militares, para que sigan protegiendo a estos vividores y a los corruptos gobernantes, sin que sean molestados por los reclamos del pueblo. Poco les importa que ese pueblo sea un día sí y otro también, masacrado por criminales y autoridades por igual, sea explotado hasta la médula y por supuesto sea ignorado todo el tiempo. Lo único que les importa es seguir acumulando riqueza y llevándosela al exterior (según la Reserva Federal de Estados Unidos, 30 de cada 100 dólares que han entrado en los últimos dos años al sistema financiero de ese país, provienen de México; es decir es un saqueo descomunal).
Lo que está sucediendo en México en estos momentos es gravísimo, pues tanto la subclase política, como el empresariado, ante su falta de opciones a los problemas que hunden a la mayoría de la población, están quedando acorralados en la respuesta violenta, en la criminalización de la protesta social y finalmente con ello, en hacer depender su poder en las fuerzas armadas (es decir se están “sentando en las bayonetas”).
En este sentido, vale la pena recordar lo que señala el politólogo chileno Jorge Tapia Valdés en su libro La Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur. El Terrorismo de Estado (Editorial Nueva Imagen, 1980; 1a. ed.): “Aunque en los casos de Brasil y Chile los golpes militares tuvieron el apoyo inicial de ciertos sectores de la clase media, generalmente como resultado de profundas campañas de ‘manipulación de conciencias’ previas al golpe de Estado, su único y verdadero apoyo lo encontraron en la élite tecnocrático-empresarial”(p.149).
¿Sugerimos que se prepara un golpe de Estado? No. Afirmamos que este régimen neoliberal sólo encuentra ahora su apoyo en las fuerzas armadas, en la tecnocracia burocrática, en el empresariado (especialmente los oligarcas mexicanos) y en una pequeña franja de la clase media. Esta escasa base social no le permite enfrentar la crisis multivariable en materia política, económica y social, por lo que cada vez más se va a encerrar en su propia burbuja, alejándose del pueblo y ello evidentemente va generando las condiciones para que los militares asuman el poder, cuando se presente un momento de crisis extrema de este modelo excluyente y depredador.
Cada vez más la subclase política mexicana, la tecnocracia, el empresariado y las fuerzas armadas mexicanas, están asumiendo la visión que en su momento adoptaron las dictaduras sudamericanas en los años sesentas y setentas acerca del conflicto social. Esto es, que el conflicto social es una “disfunción”, es algo que debe ser “suprimido”, y no los consideran como fenómenos inherentes al desenvolvimiento de un país, que reflejan las carencias del propio régimen, y su falta de adecuación a las necesidades y aspiraciones de las mayorías.
En este punto vale la pena retomar a Tapia Valdés: “En la práctica, estos regímenes, más que destruir enemigos, parecieran sumar enemigos, y probablemente cualquier medición empírica comprobaría que, a medida que transcurre el tiempo, ellos tienen un espectro más amplio de contrarios…La búsqueda del orden y la unidad nacionales exigen que se ponga fin a las actividades de los diferentes grupos, facciones o partidos, que se estiman conflictivas o divisionistas”. (ibidem p.228)
Ahí están las continuas declaraciones de Peña, de los secretarios de Defensa y Marina, del de Gobernación, en favor del orden, de la unidad, de la ley, del respeto a las instituciones, Así, cualquier reclamo, inconformidad, crítica, propuesta alternativa, se convierte en fuente de “divisiones”, afectan la “unidad nacional”, van contra “las instituciones”, y por lo tanto, el aparato represor y de censura se activa para “eliminar” esa disfunción social.
Cada vez más este régimen sigue los pasos del autoritarismo y la dictadura; en suma, un neo pinochetismo a la mexicana, con objeto de sostener un régimen de explotación brutal de la mayoría de los mexicanos y de saqueo inmisericorde de los recursos financieros y naturales de este país
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