por Ana Cristina Bracho. En Misión Verdad
foto: Carlos Barria / Reuters
Desde el mes de enero, Venezuela tiene un conflicto cada vez más complejo en el área diplomática. El mismo empezó con la Declaración del Grupo de Lima que pretendía la transferencia de competencias del Ejecutivo Nacional al Parlamento y se agudizó con el reconocimiento ilegal de Juan Guaidó como “Presidente Encargado de Venezuela”.
Prontamente, Juan Guaidó empezó a utilizar la Asamblea Nacional como una extraña oficina de asuntos internacionales donde los actos se dictan para tener efectos en el extranjero, nombrando funcionarios que en apariencia serían embajadores. Su presencia en los países en los que han sido nombrados ha sido abordada de distintas maneras, pero constituye sin duda, uno de los puntos más álgidos de la pretendida construcción de un gobierno paralelo.
Sobre este punto trascendió lo ocurrido en Costa Rica, donde el gobierno del país centroamericano reconoció a una emisaria de Guaidó y luego que ingresase por la fuerza, se le solicitó salir de la instalación diplomática venezolana. De igual forma, en Panamá, reconocieron a la enviada de Guaidó pidiéndole al embajador, Durán Centeno, entregarle la sede.
Sin embargo ninguno de estas situaciones ha sido más complicada que la ocurrida desde hace un mes en los Estados Unidos.
En este particular, recordemos que la situación actual inició cuando el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como Presidente y seguidamente, Nicolás Maduro, actuando como Jefe de Estado, expulsó a los diplomáticos estadounidenses de Venezuela. Posteriormente, Juan Guaidó intentó invalidar la decisión de Miraflores pero dada la virtualidad de su poder, Estados Unidos finalmente aceptó retirarse de Venezuela.
En el presente, la embajada de los Estados Unidos en Venezuela permanece cerrada y no se han suscitado nuevas controversias diplomáticas en relación a este espacio, lo que contrasta con lo que viene ocurriendo en los espacios de Venezuela en Washington.
Esta situación amerita que realicemos un pequeño repaso por las nociones del derecho que rige las relaciones diplomáticas para finalmente analizar cuál es el razonamiento de Washington en este conflicto.
Contexto jurídico
En Washigton se encuentra la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Jurídicamente la sede de una misión diplomática permanente no es un edificio cualquiera sino que por ser la representación de un país en otro, goza de protección internacional.
Las reglas sobre su funcionamiento y protección se han construido a través de un derecho consuetudinario que se formó desde la antigüedad y en el presente se encuentran, principalmente, en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece fundamentalmente la inmunidad de las sedes y del personal diplomático, así como determina el poder del Estado receptor de determinar como persona non grata a los diplomáticos que tiene en su territorio y somete, de conformidad con el Protocolo adicional, a la conciliación y a la Corte Internacional de Justicia los conflictos que se generen en relación a alguna embajada.
Situación actual
Una vez que se produjo el corte de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, el gobierno de los Estados Unidos procedió a reconocer a Carlos Vecchio como “encargado de negocios”. Seguidamente, el 18 de marzo, trascendió que Vecchio había recibido una “entrega formal” de dos oficinas de la agregaduría de Defensa de Venezuela en Estados Unidos que le fueron entregados por el Coronel José Silva Silva, agregado militar venezolano que reconoció el 26 de enero a Juan Guaidó como “presidente”.
En esa misma fecha, Carlos Vecchio manifestó tener el control sobre el consulado de Venezuela ubicado en Nueva York, cuyo régimen jurídico está consagrado en el derecho que rige a estas oficinas que es distinto al de las embajadas.
En vista de esta situación, era previsible que el próximo paso de la oposición sería hacerse de la embajada, contando para ello con el apoyo del gobierno norteamericano. Para evitarlo, un grupo de activistas estadounidenses denominado Colectivo para la Protección de la Embajada (Embassy Protection Collective) entró al edificio y se mantiene en el mismo con la anuencia del gobierno venezolano.
En respuesta, desde el mes de abril las instalaciones han sido permanentemente asediadas, lo que se ha agravado en los últimos días donde se ha efectuado corte de luz, la prohibición de la entrega de alimentos a las personas que se encuentran dentro de la sede diplomática, quienes también han sido insultadas y golpeadas.
Por estas razones, el 9 de mayo, el canciller venezolano Jorge Arreaza exigió al departamento de Estado de Estados Unidos respeto a lo suscrito en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y proteger el edificio de la embajada venezolana en Washington.
Los activistas que se mantienen en la Embajada denuncian la colaboración del gobierno de los Estados Unidos a los simpatizantes de Guaidó que los acosan y se mantiene la hostilidad en las posturas de Washington hacia Caracas.
El derecho Internacional y el derecho estadounidense
La supremacía que se abogan para ellos los estadounidenses tiene sus expresiones jurídicas.
La principal se manifiesta en la jerarquía normativa en la cual nada está por encima de los documentos federales y que el derecho internacional tenga para ellos, una importancia mucho menor a la que nosotros le damos. Siendo por demás, un tema de recurrente debate en el Congreso la amplitud con la que conciben los efectos de sus normas.
Para los estadounidenses, a diferencia de la mayoría de los países, su derecho es dictado con la pretensión de que tenga efectos no sólo en su país sino en todo el mundo.
Por ello, para determinar si un acto es legal para los estadounidenses basta con revisar el procedimiento nacional, como que el Presidente haya reconocido a un sujeto para considerar que se ajusta a su derecho y esta es la línea argumentativa de Washington así como de los periodistas e influencers que les hacen coro.
El ejemplo de Siria
Esta manera de pensar el mundo se ha puesto en manifiesto en varios contextos.
Por ejemplo, cuando la pretensión fundamental de occidente era la creación de un gobierno de transición en Siria para apartar a Bashar al-Asad, pudo observarse una jugada similar y como los países aliados a los Estados Unidos rompieron relaciones con Damasco, retirando sus Embajadas y forzando el debate sobre Siria en los espacios onusinos.
Así, el reconocimiento del Consejo Nacional Sirio como autoridad gobernante por parte de Libia y posteriormente por Francia como representante legítimo, generó varios altercados diplomáticos que terminarían por irse enfriando al no lograr contar con apoyo suficiente en las Naciones Unidas.
Cuando esta estrategia estaba en su mejor momento, logró contar con el reconocimiento de su legitimidad por 88 países y empezaron a presentarse incidentes que el gobierno de Damasco consideraba de la responsabilidad directa de Estados Unidos. Entre ellos, el asalto a la embajada de Siria en Egipto en ocasión al cual Yusuf al Ahmed, quien era el embajador de sirio, declaró que las autoridades egipcias eran totalmente responsable del “fracaso en la protección del edificio de la Embajada” y de “no tomar acciones punitivas contra estas personas, que son conocidas por las autoridades”.
De igual manera, en París, el Consejo Nacional Sirio, constituyó una “embajada” que funcionó durante el tiempo que permanecieron rotas las relaciones con Damasco.
En 2017, tras el cambio de las posturas galas sobre Siria, Emmanuel Macron ordenó su cierre demostrando así, entre otras cosas, que estos agentes seguían sus órdenes y no son, bajo ninguna óptica, una misión diplomática en el sentido jurídico de las mismas.
En el presente, derrotada la intervención contra Siria, se observa que pese a haber sido reconocidos en Estados Unidos y en sus países aliados, en la medida que fracasan estos falsos gobiernos se van diluyendo.
Quedan luego estos capítulos como parte de las formas de imponer presión e impactar la opinión pública al no poder lograr ni un gobierno verdadero en los países que quieren intervenir, ni una votación unánime o al menos mayoritaria y sin veto en la Organización de las Naciones Unidas que sigue siendo, aunque los juristas estadounidenses pretendan lo contrario, lo más cercano a un escenario universal.
Be First to Comment