por Flora Castro. En Brasil do Fato
(Nota del Editor) En momentos donde acaban de asesinar a la concejal de Río de Janeiro, por el partido Socialismo y Libertad, Marielle Franco, de 38 años, la lectura de este artículo aparecido a fines de febrero caracteriza en alguna medida la situación de militarización, por decisión del gobierno golpista de Temer, de la ciudad carioca. Justamente contra esa militarización la concejal Franco era una de las más firmes opositoras y denunciantes.
“Ya vimos una película muy parecida antes”. Así Paulo César Ribeiro, de 69 años, ex militante de la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR Palmares, una organización de izquierda que luchó contra la dictadura en Brasil) y prisionero político, describió la intervención militar decretada en Rio de Janeiro. En entrevista con Brasil de Fato, analizó la intervención militar del gobierno de Temer en el marco del golpe, tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
“Parece un remake de 1964, no es la misma película, sino una nueva versión. Mucha gente entre 1963 y 1964 no creía que iba a haber un golpe y de repente el golpe llegó. No estoy diciendo que habrá un nuevo golpe, pues ya lo hubo, pero las características de los golpes actuales en América Latina no necesitan específicamente de intervención militar, son golpes mediáticos, que cuentan con el apoyo del poder judicial”, explica.
Ribeiro fue encarcelado dos veces. La primera en 1970 en Niterói, ciudad del Estado de Rio de Janeiro, y estuvo en la cárcel por un año, primero en el DOI-CODI [Destacamento de Operaciones de Información – Centro de Operaciones de Defensa Interna], uno de los centros de tortura de la dictadura militar, y después en diversos cuarteles generales, hasta su absolución. En ese período también contrajo una infección pulmonar grave y estuvo internado durante 6 meses en el Hospital Central del Ejército. “Tenía 20 años, cumplí 21 en la cárcel”, cuenta.
“La segunda vez [que fui a la cárcel] fue por 15 días. Porque durante la dictadura usted era arrestado, pero en realidad no era arrestado, sino que sufría un secuestro. Algo parecido a lo que se llama actualmente conducción coercitiva”. Explica: “me arrestaron a las 6 de la mañana. En esa ocasión incluso invadieron mi casa, revolvieron y robaron mis pertenencias, como la nevera y la televisión”. Después descubrió también que el jefe del equipo de detención responsable por su segunda prisión fue Paulo César Amendola, fundador del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), la tropa de élite de la policía militar de Rio de Janeiro y actual secretario de Orden Público de la alcaldía de la ciudad de Rio de Janeiro.
Ribeiro también comentó la declaración del General Eduardo Villas Bôas, que dijo que los militares necesitarían garantías para actuar en la intervención militar actual “sin riesgo de que surja una nueva Comisión de la Verdad” en referencia a la Comisión Nacional que investiga las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Brasil entre 1964 y 1988, en la dictadura militar.
“Es algo absurdo, que prevé anticipadamente la grave violación de los derechos humanos, con amnistía y sin una comisión de la verdad”. Para él, un militar que cumpla sus funciones, debería esperar lo contrario. “Cualquier militar que cumpla sus deberes y honre el uniforme, que honre la constitución que juró defender, debía ser el primero en decir que cumple la constitución y que espera que haya una comisión de la verdad para investigar [lo que ocurra]. Pero ellos no asumieron su responsabilidad por los crímenes que cometieron, al contrario, están ocultando sus propios crímenes”.
El ex prisionero político analiza la intervención en Rio con preocupación. “El gobierno tiene una baja popularidad entonces intenta intimidar a la población de las comunidades más pobres de Rio de Janeiro”, considera. Para él, la intervención es un intento de impedir cualquier manifestación por tratarse del inicio de un estado de excepción. “Se empieza a suspender derechos, a invadir comunidades. Se está desarrollando una lucha entre el poquito de democracia que ha quedado, que no se destruyó total y formalmente tras el golpe de 2016 y las demostraciones de violación de los derechos humanos que crecen cada día. A mí me preocupa mucho”, declara.
También llama la atención hacia el eje de la intervención. “Ciertamente también son racistas y discriminan socialmente porque no van a intervenir en la Avenida Vieira Souto, en la Avenida Atlántica, en Ipanema y Leblon, en la zona sur de Rio de Janeiro [en referencia a los barrios más ricos de la ciudad]. Van a intervenir en las comunidades pobres”, concluye.
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