por Redacción Misión Verdad. En Misión Verdad
Está hecho: Juan Guaidó se proclamó a sí mismo “presidente encargado de Venezuela” hasta la celebración de elecciones, en una concentración en la plaza Juan Pablo II, cerca de Chacaíto, Caracas.
Lo hace en un contexto político en el que la Asamblea Nacional (AN), aún en desacato, decidió previamente llamar al presidente Nicolás Maduro como “usurpador” del poder ejecutivo nacional, al mismo tiempo que la oposición venezolana calentaba las calles mediante focos insurreccionales y cabildos abiertos y el lobby de la Florida convencía a la Casa Blanca de apoyar un “gobierno de transición” liderado, precisamente, por el ahora máximo representante de Voluntad Popular (VP).
La pregunta que muchos venezolanos y venezolanas se están haciendo en este momento es, entonces, sobre lo que pasará de ahora en adelante, pues el presidente constitucional sigue siendo Nicolás Maduro, ya que ejerce las funciones como jefe de Estado y, además, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Instalación del “gobierno de transición”
Durante las primeras semanas de enero, la junta directiva de la AN, encabezada por Guaidó como su presidente, decidió impulsar un anteproyecto de ley en el que se autorizaba la conformación de un “Consejo Nacional para la Transición Democrática”, cuyos integrantes serían designados por el mismo Parlamento.
En aquel documento están citadas todas las referencias debidas a la efectiva usurpación, en los términos reales que dicta la Constitución venezolana, de todas las responsabilidades estatales en los integrantes de ese “Consejo Nacional para la Transición Democrática”. Cada gestión e interés en las áreas políticas, económicas, militares, diplomáticas, etc., del país serían automáticamente competencia de lo que decida ese consejo.
Lo que faltaba para que Guaidó se autojuramentara como presidente de Venezuela eran las gestiones en el costado diplomático, con los gobiernos del Grupo de Lima acatando cualquier decisión que emanara de los Estados Unidos. Todo esto sucedió en simultáneo el día de hoy, 23 de enero, pues minutos luego de que Guaidó prometiera encargarse del poder ejecutivo, porque a ojos de la AN hay un vacío de poder (“Maduro no es presidente, el 20 de mayo de 2018 fue un fraude inconstitucional”), la Casa Blanca emitió un comunicado de apoyo al de VP como “presidente interino”.
Automáticamente, una serie de gobiernos (al cierre de esta nota, 14) y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) repitieron el mismo gesto de Donald Trump, fuertemente influenciado por las recomendaciones del senador Marco Rubio.
Estos serían los primeros pasos para terminar de conjugar un “gobierno de transición”, pues se fundamenta en un piso ficticio pero lo suficientemente propagandizado y apoyado por factores internacionales que disfraza los actos ilegales ante el Estado de Derecho venezolano como ejercicios de legitimidad constitucional. Es un ejercicio que han venido practicando desde la AN, bastión con el que impulsaron el bloqueo financiero en suelo nacional (gestión Julio Borges) y montaron las bases para un posible embargo petrolero con el poder de facto de los Estados Unidos.
Financiamiento de “la transición” y llamados a la FANB
Guaidó declaró a Bloomberg, luego de la sesión del 22 de enero en el Hemiciclo: “Bajo el estado de derecho, tendremos elementos claros para obtener un nuevo financiamiento para impulsar la economía, estabilizar al país y atender a la industria petrolera”, y adhirió: “Con un nuevo gobierno, la deuda no solo se pagará, sino que podríamos refinanciar con la confianza de un gobierno que puede pagar”.
Asimismo, dijo que “extiende la mano a los militares”. Esto en el marco estratégico de buscar apoyo en el seno de la FANB al plan de golpe de Estado que definitivamente depondría al gobierno de Maduro del poder ejecutivo. Desde hace semanas, tanto funcionarios estadounidenses como políticos de la oposición han alentado al alto mando militar venezolano a respaldar al ahora “presidente interino” Juan Guaidó en vez de al actual mandatario constitucional.
Para ello, en la AN se creó un instrumento jurídico como ofrenda de amnistía (no vinculante para “todo aquel que haya trabajado a la dictadura y que ahora se venga a nuestro bando”, en referencia a aquellos miembros de la FANB que desearan incorporarse al ala militar del Consejo Nacional para la Transición Democrática”).
En torno a lo económico, Bloomberg enfatiza que “Venezuela no solo ha perdido el acceso a los mercados internacionales de capital (vía sanciones de la Casa Blanca), sino que los acreedores se están acercando. Los inversores en deuda han comenzado a agruparse para demandar más de 9 mil millones de dólares en pagos de bonos vencidos”.
De hecho, un grupo de bonistas se conjugaron en bloque para rechazar negociar con el gobierno de Nicolás Maduro y reconocer a la AN “como el único órgano elegido legítimamente en el país petrolero”, reseña Reuters.
En otra nota, Bloomberg explica que “la Administración Trump también está preparado para sancionar las exportaciones de petróleo de Venezuela, de acuerdo a gente familiar con el tema, pero no se ha decidido cuándo tomar ese paso”, cuestión que se espera para esta semana como han informado algunas agencias luego de la autojuramentación de Guaidó.
Funcionarios de la Casa Blanca ya han advertido a algunas refinadoras estadounidenses a principios de este mes que la Administración Trump estaba considerando expandir las sanciones hacia el embargo petrolero, y recomendaron que buscaran alternativas a las fuentes venezolanas de crudo pesado.
El medio neoyorquino resalta que las compañías petroleras le pidieron a Washington que no tomara la medida, aduciendo que ella podría perjudicar a las refinadoras del Golfo y la Costa Este diseñadas para manejar el crudo pesado de los Estados Unidos y, de paso, hacer que los precios de la gasolina suban vertiginosamente.
Sin embargo, analistas energéticos, económicos y jurídicos han puesto en el centro la advertencia de un posible embargo de los activos de CITGO, filial estadounidense de PDVSA, codicia de los acreedores de deuda (fondos buitre) y que serviría como un punto de inflexión en la coordinación de financiamiento para la oposición agrupada en el mentado “consejo de transición”. En criollo: utilizarían el dinero venezolano para financiar una guerra entre los propios venezolanos que destruiría su propio Estado. Esa es la intención, aunque, como ya sabemos, deseos no empreñan.
Los países del Grupo de Lima, asimismo, estarían dispuestos a acompañar las sanciones que impusiera la Casa Blanca contra Venezuela, como ha venido ocurriendo en el plano político-diplomático.
Posibles pasos de la AN en adelante
El 22 de enero, el Parlamento aprobó el nombramiento de Marcos Tarre Briceño como embajador de Venezuela ante la OEA, siendo este el primer acto de gobierno de “la transición”, en conformidad a la figura de “gobierno paralelo” de que está investida de facto la AN. Habría que recordar que Maduro ordenó la salida del país de esa organización multilateral en 2017 por haber sido pivote de acciones lesivas a las institucionales nacionales.
Es precisamente en el extranjero donde se juegan los escenarios más importantes en el plan de “gobierno de transición”. Es por ello que miembros venezolanos de la Universidad de Harvard insisten, en un artículo para The New York Times (NYT) en español, en que
“la Asamblea Nacional, en su condición de única autoridad con legitimidad de origen en Venezuela, podría actuar como representante del Estado venezolano en el extranjero, a fin de ejercer la defensa y protección de sus derechos”.
Y agregan: “Esta nueva coyuntura le abre a la oposición venezolana la posibilidad de ponerse al frente de una operación orientada a proteger los activos del Estado venezolano en el exterior”, en referencia al apoyo por parte de los bonistas, las demandas que han hecho compañías energéticas contra PDVSA y el Estado venezolano ante tribunales internacionales de arbitraje y el embargo petrolero que se plantea en los pasillos de la Casa Blanca.
Siguen: “En el ámbito de los países que reconozcan a la AN como única autoridad legítima, las acciones de la asamblea podrían ir más allá: podrían abarcar desde la toma de refinerías y otros activos propiedad del Estado venezolano, pasando por la apropiación de los activos líquidos y proventos de ventas de petróleo que circulen por dichos países, hasta la representación legal en procesos contra el Estado venezolano”.
“En este contexto, la Asamblea Nacional puede solicitar a los países que la reconozcan como autoridad legítima la protección de los activos venezolanos que se encuentren en sus territorios. Dicha acción podría beneficiar al conjunto de los acreedores, puesto que los valores de recuperación de sus deudas en el evento de un ataque colectivo pueden ser menores de lo que conseguirían en un proceso de reestructuración más ordenada realizada como consecuencia de una transición política reconocida nacional e internacionalmente.
“Al margen del éxito de estas acciones, la imagen de la oposición actuando como gobierno al frente de una operación de defensa de los activos de Venezuela sería muy poderosa. La ventana para concretar esta posibilidad es relativamente limitada. No solo porque su periodo finaliza en 2021, sino porque la intensa refriega política amenaza con desgastarla y disgregarla”.
A través de estas acciones, la AN podría generar ingresos por financiamiento a sus planes golpistas, junto con el calentamiento de las calles venezolanas y el intento de conformación de un ejército (mercenario, con componentes castrenses fuera de ejercicio en el exterior) capaz de hacer frente a la FANB, este último escenario improbable dadas las condiciones: el aparato de seguridad e inteligencia del Estado ha estado trabajando en miras a neutralizar cualquier acción insurreccional, como lo sucedido el 21 de enero en la sede de la GNB en Cotiza, Caracas.
También, el “Consejo Nacional de Transición Democrática” puede recurrir a los sectores privados de la banca y la industria en busca tanto de apoyo orgánico-técnico como infraestructural, además de financiero.
El caso libio (y sirio) y el factor geopolítico
No es casualidad que los autores del NYT hayan referido lo sucedido en Libia y Siria en los albores de la guerra transnacional contra sus gobiernos, su Estado y su población. Anteriormente, Misión Verdad insistió repetidas veces que el formato libio estaba siendo trasladado hacia la cuenca del Caribe.
Las semejanzas en cuanto a la instalación del Consejo Nacional de Transición (CNT) libio y el caso venezolano son más que evidentes, puesto que se trata de un mismo formato actualizado a las circunstancias políticas, económicas, sociales e históricas, que busca el exterminio tanto del chavismo como de las instituciones estatales que han hecho posible la política como principal elemento mediador en Venezuela.
Recordemos: entre marzo y septiembre de 2011, el CNT libio buscó y logró el reconocimiento de varios países (Liga Árabe, países europeos, Estados Unidos, finalmente la ONU) como el legítimo gobierno de Libia por sobre el de Muammar al-Gadafi. El organismo se fue ampliado con los representantes de las ciudades que iban tomando los grupos armados (milicias de mercenarios, los llamados mediáticamente “rebeldes”) en conjunto con la OTAN.
Para octubre de ese año, aquella instancia convocó a elecciones presidenciales y parlamentarias para el año siguiente, ocho meses después.
En septiembre de 2011, el CNT junto con los brazos armados tomaron el control del territorio libio y negociaron con las petroleras para el desarrollo de la producción energética, parada por la guerra contra Gadafi.
Reconocido por el gobierno británico como “única autoridad de gobierno”, el CNT representó al Estado libio ante los tribunales del Reino Unido para reclamar la propiedad de los activos líquidos depositados en el British Arab Commercial Bank como medida de financiamiento, unos 1 mil millones de euros que luego desaparecieron sin el menor rastro.
El gobierno de transición libio instaló comités en las áreas de Economía, Política y Asuntos Legales de seguridad y defensa, tomando el control y reformando el Estado libio luego del golpe y asesinato de Gadafi.
Hay que tomar en cuenta que los líderes del CNT formaron parte alguna vez de altos cargos en el gobierno de Gadafi, tanto en los poderes públicos como castrenses, tal como en Venezuela pretende hacerlo Guaidó. También se conformó con figuras residenciadas en el extranjero, sobre todo en Europa y Estados Unidos.
Omar Hariri fue oficial del ejército libio y luego encarcelado por la Administración Gadafi, sin embargo dirigió los asuntos militares del CNT. De la misma manera, Ali Tarhuni volvió a Libia desde Estados Unidos para llevar los asuntos económicos, financieros y petroleros del CNT.
Sin embargo, lo más resaltante es que el CNT estuvo fuertemente apoyado por la OTAN desde que se instaló. La alianza atlántica apoyó a los “rebeldes libios” a través del liderazgo impuesto de los mercenarios provenientes de Al-Qaeda, como se conoció posteriormente.
Luego de las elecciones en 2012 (agosto), el CNT se disolvió para transfirir el poder al Congreso General de la Nación. Durante esas fechas, lo ocurrido en Libia se calcó en Siria a través de la Coalición Nacional para las Fuerzas Revolucionarias y Opositoras. Los resultados, sin embargo, fueron distintos: Libia hoy es un corredor de trata de blancas, esclavos y narcotráfico, gestionado por grupos armados mercenarios y fundamentalistas religiosos; Siria, luego de casi ochos de guerra, ha logrado salir victoriosa luego de que la Federación Rusa, a petición del gobierno de Bashar al-Assad en 2015, interviniera política y militarmente en el campo de batalla.
Es precisamente el factor geopolítico lo que diferencia el contexto entre lo ocurrido en Medio Oriente y lo que sucede en presente continuo en Venezuela. China y Rusia son las dos principales potencias que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro, luego de aprender con base a la experiencia libia y en defensa de sus propios intereses en la cuenca del Caribe.
China cuenta con capacidad económica-comercial para ejercer presiones sobre Estados Unidos para lograr algún tipo de negociación, en un contexto de tensión entre ambas potencias bajo las políticas arancelarias de Trump y Xi Jinping. Los rusos, por su parte, son los generadores de una capacidad militar superior a la del Norte, y apoyan en términos armamentísticos a la FANB en defensa de la soberanía venezolana.
Al cierre de esta nota, el presidente Nicolás Maduro anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense, y exigió el retiro de su personal diplomático de inmediato. La Casa Blanca respondió de igual forma.
Lo que demuestra a todas luces que la ampliación del campo de batalla ya no tiene límites fronterizos, se juega en terreno internacional, aunque lo que esté en juego sea la estabilidad nacional y todo lo que la comprende: sea su territorio, sus infraestructuras fundamentales, su cultura política y su población.
La existencia misma de Venezuela.
Aclaración de los editores: La selección de artículos por parte de este blog no significa compartir en términos absolutos lo afirmado en esos artículos, cuya responsabilidad corre por cuenta exclusiva de sus autores. El espíritu de este blog es traducir artículos, principalmente del Saker, y seleccionar materiales en castellano, todo con el fin de aportar al debate político orientado a promover la existencia de relaciones internacionales que se basen en el respeto a la autodeterminación de las naciones, en contra del fenómeno imperialista y, en particular, en contra del Imperio Anglosionista.
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