por Bruno Sgarzini, en Misión Verdad
13 de junio del año 2017 fue el día en que la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, comunicó la presentación de un amparo para destituir a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por supuestamente haber sido nombrados en un proceso viciado de nulidad.
En días anteriores, Ortega Díaz se puso en el centro de la escena con la presentación de dos recursos legales ante el TSJ para ir en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Ambos rechazados por incurrir en deliberadas fallas legales como excederse en sus facultades, o presentar ante una sola instancia un pedido que corresponde a varias instancias judiciales, de acuerdo a los fallos emitidos por la Sala Constitucional y Electoral del TSJ.
Sin vergüenza, la respuesta de Ortega Díaz a estos dos fallos ha sido pedir la remoción de los magistrados y denunciar la supuesta continuación de una ruptura del hilo constitucional por la persistencia de la misma composición del TSJ que en abril aprobó un acuerdo económico con la petrolera Rosneft, sin pasar por la Asamblea Nacional en desacato.
Desde ese fallo, Ortega Díaz ha asumido un papel de vanguardia en el choque contra la legitimidad del resto de los poderes públicos de Venezuela. Autocolocándose en una posición de encapuchada judicial que poco a poco le da fuego a la misma mecha que pretende incendiar la Quinta República, fundada con la Constitución del 99.
Sin embargo, su trayectoria no es nada nueva en la historia reciente de América Latina, sino que se inscribe en una serie de operaciones destinadas a hacer mella en los Estados del continente, cuyo derrotero sirve bastante para entender la compleja trama a la que la Fiscal empieza a sumarse.
La construcción de un poder paralelo desde el exterior
Durante los 60 y 70 fue largamente conocida la importancia de las redes operativas en la famosa “lucha contra el comunismo y la subversión”. Dentro de este esquema destaca la red Gladio en Europa, dedicada a realizar operaciones encubiertas bajo estos fines, y las relaciones construidas en el ámbito militar latinoamericano a partir de la Escuela de las Américas, dirigida a instruir en la guerra sucia bajo el enfoque del “enemigo interno”.
Esta última instancia fue clave en la formación de los militares que después fueron los protagonistas por instaurar cruentas dictaduras militares en la región. Así lo atestigua el paso de Jorge Rafael Videla de Argentina, Hugo Banzer de Bolivia y Augusto Pinochet de Chile por los cursos de esta institución respaldada por el Departamento de Estado y el Pentágono.
Este dato importante de la historia permite trazar la efectividad en la formación de altos funcionarios del Estado por parte de instituciones extranjeras. Ya que de aquí se extrae tanto una misma matriz de pensamiento, como un sólido sistema de relaciones que en el mediano y largo plazo dan un importante capital político a estos funcionarios para tareas que muchas veces chocan contra el propio orden interno de sus países. Convirtiéndose automáticamente en un poder paralelo dentro de los Estados.
A partir de este contexto es que podemos encontrar una red de jueces y fiscales influenciados por cursos contra el lavado de dinero del Departamento de Estado, de acuerdo a un cable diplomático de este organismo, fechado en 2009, en el que se refiere a un proyecto destinado para tales fines denominado Puentes.
Paradójicamente, uno de los jueces que hiciera presencia en ese foro es hoy uno de los más conspicuos representantes de esta estrategia de proyección de poder blando, que en términos modélicos representa una nueva forma de intervención en los asuntos internos de otros países.
El cuerpo judicial que moldea las formas de intervención
Dentro del perfil de alto funcionario público de prestigio y solidez técnica es que entra el juez Sergio Moro del municipio Curitiba, Brasil. Especializado en lucha contra la corrupción y lavado de dinero a través del adiestramiento del Departamento de Estado, bajo programas como el referido Puentes y cursos de tres meses dados por esta institución, de acuerdo a The Washington Post.
Su trayectoria describe a la perfección cómo un cuerpo judicial determinado moldea esta construcción de un poder paralelo. Dado el halo de superioridad e imparcialidad brindado por grandes medios e instituciones corporativas a su trabajo como juez del caso Lavadero de Autos, relacionado al esquema de pagos ilegales de la estatal Petrobras.
Otorgándole a Moro, junto a su sólido sistema de relaciones, un invaluable capital político que le ha permitido detener a dirigentes y empresarios hasta llevarlos al extremo de confesar sus delitos, a cambio de conmutaciones de penas y eventuales libertades, bajo la figura de la delación premiada. Una praxis jurídica, prácticamente mafiosa, que ha convertido a la causa Lavadero de Autos en un antes y un después en la clase política y empresarial de Brasil.
Sus resultados están a la vista en tanto que un simple juez municipal ha construido un caso de sobornos, que se ha expandido hacia jurisdicciones estadounidenses implicando otras grandes transnacionales brasileñas como Odebrecht, JBS, Embraer y OAS. Lo que las ha afectado seriamente en su capacidad competitiva en los mercados y su sistema de relaciones políticas a lo interno del Estado brasileño, especialmente afectado por la estela de Moro.
En ese sentido, este juez, además, ha implosionado el orden interno brasileño abriendo una caja de pandora que ha llevado a la cárcel a gran parte de la estructura política del Partido de los Trabajadores con 409 dirigentes, unos 287 del Partido Democrático del Centro Brasileño y otros 152 del Partido de la Social Democracia. Tres de los partidos preponderantes que hoy por hoy se disputan el manejo político de Brasil luego de que la operación Lavadero de Autos arrojara por consecuencia el derrocamiento de Dilma Rousseff y el ascenso del presidente de facto Michel Temer, apoyado por los dos últimos partidos mencionados.
Por eso quizás el juez de Curitiba sea el mejor ejemplo de cómo se moldea un cuerpo judicial a toda una gran trama especialmente provista para desmantelar un Estado potencia como Brasil. Tanto así que continuamente es presentado como un paladín de la justicia en revistas de prestigio internacional como TIME y foros como el Wilson Center, pagados por transnacionales energéticas como Chevron y ExxonMobil beneficiadas con la caída de Petrobras.
Su repercusión en Venezuela
Sin manifestarlo, ni revelar una formación en los mismos circuitos, no es arriesgado afirmar que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, intenta ser utilizada con el mismo envase prefabricado de Moro: una alta funcionaria de prestigio, “imparcial” y bienintencionada que supuestamente pone por delante los principios de la República para defenderla de los peores males.
La construcción de su perfil, por otro lado, apunta claramente a la búsqueda de interpelar a la ciudadanía desde una posición de salvadora nacional ante ese supuesto mal que aqueja a la República llamado chavismo en gobierno. Ortega Díaz no es físicamente Moro, ni tiene sus comprobadas relaciones con el Departamento de Estado, pero sus palabras y acciones describen el mismo trazo de quien se suma a una ofensiva contra el Estado venezolano, acorde a una estrategia general para deslegitimarlo y vaciar de contenido sus instituciones.
En ese sentido, su proyección mediática es la de una figura que busca ser el puente de unión entre los chavistas y los no chavistas. Ampliar la base social de la conspiración contra el Estado y apuntar hacia una transición que rehabilite al chavismo de una manera domesticada, sin sus máximos líderes, en la misma línea propuesta por el think-tank neoconservador Brookings Institute. Tal como lo demuestran sus últimas reuniones con plataformas de dudosa procedencia como el grupo Transición Pacífica y Democrática.
El envase jurídico-político de Luisa Ortega Díaz, en esa dirección, es una operación de vanguardia por establecer una cabeza de playa en el poder judicial venezolano, aún inmune a la influencia de la matriz operativa promovida por el Departamento de Estado. La que ha instalado un clima de época en la región, que aún resta por ser dimensionado más allá de las figuras judiciales, como Ortega Díaz y Moro, que moldean este nuevo formato de intervención.
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